COMUNIDADES Y PORTALES CIUDADANOS: ¿PARA QUE?

REFLEXIONES DESDE UNA VISION SOCIAL SOBRE INTERNET

Rubén Araya Tagle[1]

Los portales y comunidades virtuales, tal y como los conocemos hoy, constituyen entidades de reciente data dentro de la web. La popularización de estos conceptos ha tenido una gran influencia en los discursos y acciones en el ámbito de la denominada “Internet ciudadana”[2], donde suelen ser concebidos como herramientas que pueden dar respuesta a lo que muchos han considerado el segundo problema clave a resolver luego de la conectividad: el “déficit en la infoestructura social pública”. Sin embargo, el gran entusiasmo despertado por estos instrumentos, impregnado de cierto determinismo que suele confundir las características tecnológicas con sus posibles formas de uso e implementación, pareciera olvidar que tras las computadoras y sistemas de telecomunicaciones hay actores concretos y estructuras de poder y exclusión social. Es en este contexto que desde la sociedad civil han surgido visiones críticas que cuestionan ciertos aspectos de la concepción y diseño de estos medios, planteando la necesidad de subordinar cualquier consideración acerca de su pertinencia y relevancia a un análisis previo sobre los resultados, efectos e impactos sociales que se puede lograr con ellos, así como de los requerimientos, condiciones y supuestos bajo los cuales esto se considera factible, viable y deseable.

De esta forma, la pregunta por las comunidades y portales ciudadanos se enmarca en una discusión más global acerca del sentido de las iniciativas y políticas públicas donde ellos se insertan, lo que lleva a plantear interrogantes como: ¿Cuáles son las necesidades y propósitos hacia los cuales estos portales sociales o ciudadanos contribuyen y/o podrían contribuir? ¿De qué manera podrían convertirse en herramientas útiles para apoyar acciones y procesos infocomunicacionales concretos en el ámbito ciudadano? ¿Cómo y en qué condiciones podrían ayudar a mejorar la inclusión digital y con ello aportar al desarrollo social y al fortalecimiento de la democracia?

¿Brecha informacional o derecho a la información y la comunicación?

Para situar estas interrogantes en un plano de análisis de políticas públicas, conviene realizar una mirada más general sobre la infoestructura social pública y las formas como ésta puede ser concebida como objeto de políticas, considerando tanto los principios como las acciones involucradas en ello. Para esto adoptamos como piedra angular las premisas de la denominada “visión social de Internet” [3], en la cual se cuestiona el concepto de brecha digital afirmando que el problema de fondo en la exclusión tecnológica se encuentra en las brechas sociales, económicas, políticas y culturales existentes dentro y entre las sociedades.

Examinando las principales experiencias y debates en relación a este tema, es posible distinguir dos corrientes o visiones principales[4]:

- Una visión dominante que considera que el principal desafío es la brecha informacional, que se manifiesta como un déficit en el desarrollo de la infoestructura social de carácter público. De allí que su prioridad se centre en promover el desarrollo y producción de contenidos, servicios y aplicaciones social y culturalmente relevantes para la población, teniendo como principio rector la “universalización del acceso a la información pública y los servicios ciudadanos”, con énfasis en los sectores más vulnerables o excluidos de la sociedad. El supuesto que hay detrás es que, una vez generada la infoestructura social pública, estarán dadas las condiciones para que las personas puedan aprovechar equitativamente las ventajas y beneficios que involucra el acceso a la Internet, mejorando sus posibilidades de acceder a la educación, la información y el conocimiento, incrementando sus oportunidades laborales y económicas, y facilitando su participación en los asuntos públicos de sus comunidades.

- Una visión alternativa que señala que detrás de esta brecha informacional existe una situación estructural de dependencia y subordinación cuyas causas sociales, económicas, políticas y culturales son las mismas que originan la brecha digital. Esta situación se expresa en desigualdades sociales a nivel de las capacidades de acceso, uso y apropiación de los medios de información y comunicación, que a su vez conducen a que el desarrollo de las TIC, de la información y las comunicaciones en general resulte hegemonizado por los intereses y perspectivas de los grupos dominantes que concentran su propiedad y control. De allí que la prioridad deba ser propiciar el acceso participativo, universal, democrático e inclusivo a la información y a las tecnologías y medios de comunicación, teniendo como principio rector la “universalización de los derechos a la información y la comunicación” [5], con énfasis en la protección y ampliación del dominio público. Bajo este enfoque se asume que la brecha informacional debe ser atacada en forma conjunta con las demás brechas que impiden el acceso, uso y apropiación social equitativa y solidaria de estas tecnologías y medios, para así romper este círculo vicioso.

Al contrastar ambos enfoques queda de manifiesto que, aunque la universalización de la información pública y de los servicios ciudadanos sea un aspecto relevante, no se trata de un principio en sí mismo sino sólo de un medio. Resulta evidente además que la mera disponibilidad de contenidos y servicios “para” la población no es ni puede ser suficiente para lograr transformaciones significativas en la situación de desigualdad en materia de apropiación social de los medios y tecnologías, de manera que el enfoque de desarrollo “desde arriba”, tal y como está definido actualmente, en último término sólo reproduce la brecha informacional, y no garantiza su carácter democrático, participativo, inclusivo y universal.

A partir de esta diferencia a nivel del problema y de los principios, ambos enfoques siguen también caminos diferentes a la hora de proponer acciones:

- Para la visión dominante las acciones a emprender se relacionan con el desarrollo de servicios electrónicos orientados a los/as ciudadanos/as por parte de aquellos organismos e instituciones que administran, gestionan y proveen información y/o servicios de carácter público. Se plantea además la necesidad de llevar a cabo acciones de comunicación educativa orientadas a facilitar el acceso y uso masivo de la población a los contenidos y servicios disponibles, así como de promover el desarrollo de portales y otros medios digitales locales que permitan dotar a los telecentros y demás iniciativas de infocomunicación comunitaria de una infoestructura social básica acorde con las necesidades e intereses de sus comunidades.

- Para la visión alternativa, estas acciones no son ni pueden ser suficientes para resolver los problemas de fondo. Así, mientras en la visión dominante los/as usuarios/as son entendidos como receptores, beneficiarios, clientes o consumidores de información y servicios, en la visión alternativa se asume que para que estos instrumentos puedan servir para el empoderamiento y el desarrollo humano, es necesario que ellos mismos puedan ser objeto de intervención por parte de quienes los utilizan. De allí que los esfuerzos deban orientarse a asegurar condiciones para que las diversas personas, grupos y comunidades puedan participar activamente en la gestión y control de las tecnologías, medios y recursos de información y comunicación, asumiendo roles como emisores, productores y desarrolladores, tanto en forma individual como colectiva. Para ello se hace necesario delinear estrategias más integrales de intervención que incorporen un conjunto amplio de acciones, entre las que pueden señalarse:

- Fortalecimiento del dominio público mediante la creación de bienes colectivos globales que garanticen el acceso universal a la información y la comunicación.

- Fomento de redes y colectivos electrónicos sin fines de lucro que aseguren la producción y circulación abierta, plural y diversa de información y contenidos relevantes para el desarrollo humano.

- Promoción de iniciativas de participación “desde” y “hacia” la comunidad que incluyan el uso tradicional e innovador de la comunicación y de herramientas de gestión de información, especialmente a nivel local.

- Acciones educativas y de capacitación que permitan superar las barreras técnicas, culturales y lingüísticas para el uso y apropiación social de las tecnologías y medios de información y comunicación, y contribuyan a desarrollar nuevos imaginarios tecnológicos y capacidades sociales desde identidades y perspectivas culturales locales, regionales y nacionales.

- Fomento al desarrollo de tecnologías de información y comunicación alternativas, abiertas y libres, que permitan recoger e integrar los saberes tecnológicos y prácticas comunicacionales de las diversas comunidades y grupos.

En este enfoque se entiende además como una necesidad prioritaria la participación activa en las acciones, tanto a nivel de la ejecución como del propio diseño y evaluación, de diversos actores que en la visión dominante asumen un rol más bien secundario o subordinado, como son: las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales, los micromedios y radios comunitarias, los telecentros, los sectores académico y educacional y el sector privado sin fines de lucro, entre otros.

Portales y comunidades virtuales para una Internet ciudadana.

Existen muchas definiciones y descripciones diferentes acerca de lo que son los portales y comunidades virtuales, la mayoría de las cuales se centran en enunciar y tipificar los contenidos y servicios que éstos ofrecen a sus usuarios. No obstante, lo que la mayoría de estas definiciones pasa por alto es que los portales y comunidades virtuales efectivamente existentes son medios electrónicos de intermediación social, que, más allá de las potencialidades teóricas de la tecnología, han sido deliberadamente diseñados y modelados como aplicaciones para ciertos fines.

Esto significa que no son neutros ni transparentes, pues llevan implícitas en sus concepciones diferentes modelos de organización e interacción social, los cuales definen estructuras de roles, normas y mecanismos de control, que a su vez se vinculan a diversas tramas de relaciones sociales entre actores sociales del mundo real. De esto se concluye que el enfoque y las opciones que se adopten, implícita o explícitamente, para comprender y organizar los espacios donde se usen estas herramientas, tendrá profundas implicaciones y consecuencias tanto en la concepción y desarrollo mismo de los artefactos tecnológicos, como en los resultados, efectos e impactos sociales que se podrá lograr con ellos, acotando la utilidad que podrán tener en relación a determinadas políticas o estrategias[6].

El enfoque prevaleciente en los portales comerciales tiene una estrecha relación con el paradigma liberal y la lógica de mercado, enfatizando la implantación de modelos de negocio desde una concepción individualista sobre lo social (los públicos como multitudes de individuos atomizados), un enfoque que privilegia lo cuantitativo sobre lo cualitativo (atraer a la máxima audiencia posible), con un marcado sesgo racionalista (segmentar, diferenciar e identificar a los usuarios con contenidos y servicios específicos) y una visión instrumentalista de la acción (retener y fidelizar a los usuarios entregándoles algo a cambio).

Muchas comunidades y portales que abordan aspectos relacionados con el desarrollo social y el interés público han buscado hacer explícita su diferenciación respecto del enfoque anterior, proponiendo la noción de una “Internet ciudadana”, como espacio alternativo a la “Internet comercial”. En esta línea encontramos tanto experiencias estatales como del amplio espectro de la sociedad civil, además de una gran cantidad de pequeños proyectos e iniciativas a nivel comunitario. No obstante, la pluralidad de modelos y la misma polisemia del concepto de ciudadanía dificultan la posibilidad de encontrar elementos y sentidos comunes entre ellas.

En la mayoría de los portales del sector estatal predominan los enfoques asistenciales y universalistas, centrados en la provisión de servicios públicos electrónicos a los/as ciudadanos/as y, en menor escala, en aspectos como la entrega de información pública para la transparencia y la rendición de cuentas, y la generación de canales cerrados de comunicación individual entre ciudadanos/as y gobierno[7]. Estos modelos suelen enfatizar la noción de e-gobierno por sobre la de e-democracia, combinando modalidades de organización interna basadas en la constitución de redes intergubernamentales (el Estado-Red), con modalidades tradicionales y burocráticas de relación con los usuarios con estructuras jerárquicas y esquemas centralizados del control y comunicación. Este enfoque comparte con el de los portales comerciales una concepción individualista de las personas entendidas más como clientes que como ciudadanos, lo que se traduce en una lógica “prestador-usuario”.

Por su parte, en el ámbito de la sociedad civil existe una gran variedad de experiencias en torno a portales, comunidades y redes que han desarrollado algunos modelos alternativos, donde destacan los usos para construir comunidades de práctica, crear canales mediáticos alternativos y organizar campañas políticas[8]. Los enfoques utilizados han sido diversos, pero tienen en común el empleo de una lógica cooperativa que se orienta a generar estructuras más horizontales y esquemas descentralizados y distribuidos de comunicación y control, con modalidades colectivas y flexibles de relación que combinan la interdependencia con la autonomía de cada una de sus partes.

¿Dónde situar “lo ciudadano”? En su configuración actual, el ámbito ciudadano abarca todos los espacios y dimensiones donde se construyen las agendas públicas y se adoptan las decisiones sobre los asuntos públicos, cruzando los escenarios local, nacional, regional y global, e implicando en diversos niveles a todos los actores sociales concretos de los diferentes sectores que intervienen en este dominio (sector estatal, sector privado y sociedad civil). Desde esta aproximación, podemos definir en términos genéricos a los portales y comunidades virtuales ciudadanas como espacios virtuales colectivos constituidos socialmente con el propósito de intervenir en las esferas públicas. La finalidad de estos espacios sería así contribuir a la generación de efectos sociales y/o políticos en el mundo real, por lo que un aspecto central es que quienes participen en ellos sean ciudadanos/as y actores sociales concretos con relaciones e intereses en él, para que así sus interacciones virtuales puedan traducirse en concertaciones, prácticas y acciones en espacios no virtuales. Según esta definición, no todos los portales y comunidades virtuales adscritos a la llamada “Internet ciudadana” serían en estricto sentido “ciudadanos”. Y hay muchos otros que quedarían incluidos dentro de esta categoría, aunque desde un enfoque tradicional sobre la esfera pública parecerían acercarse más al ámbito de lo privado por abordar necesidades e intereses de minorías y sub-grupos. El elemento clave para la distinción se encuentra en la conectividad social que estos medios hacen posible a través de sus modelos de gestión, entendida como la capacidad de articulación colectiva y de incidencia en las realidades concretas.

Los portales y comunidades virtuales ciudadanas se perfilan como herramientas de gran valor estratégico para propiciar el desarrollo de una infoestructura social pública democrática, participativa, inclusiva y universal, en la medida en que puedan contribuir a coordinar acciones y articular conversaciones sociales que respondan a las necesidades, expectativas, intereses y aspiraciones de las diferentes personas, actores, grupos y comunidades, en diferentes niveles y esferas del espacio público.

Sin embargo, para que ello sea posible será necesario que la promoción y desarrollo de estos espacios virtuales se constituya como un aspecto prioritario en las políticas de desarrollo de la infoestructura social pública, y que sea abordado desde una perspectiva que considere las necesidades de avanzar tanto en el empoderamiento social y tecnológico como en el fortalecimiento de los derechos sociales a la información y la comunicación.

Los espacios y medios de infocomunicación ciudadana necesitan además disponer de recursos y marcos regulatorios que respeten y preserven su autonomía e independencia de los gobiernos y las corporaciones comerciales. En este sentido, una importante responsabilidad de los estados es garantizar el acceso público a estas tecnologías y medios otorgándoles un status de bienes comunes universales.

Pero el desarrollo de la Internet ciudadana no será posible en los términos planteados si los/as ciudadanos/as no cuentan con capacidades de acceso y control sobre recursos técnicos significativos. En esta materia, la posibilidad de acceder, gestionar y administrar servicios y aplicaciones de calidad y de apropiarse de estándares técnicos abiertos y libres, constituyen aspectos de particular importancia.

---

[1] Investigador Social, Desarrollador de Software y Director de Multimedios. Coordinador Ejecutivo de los portales ciudadanos sociedadcivil.cl y ong.cl, Director del Proyecto de software colaborativo “Interacción Virtual”, Investigador y docente de la Universidad Bolivariana de Chile.

[2] Entendemos en términos genéricos a la “Internet ciudadana” como el conjunto de usos y apropiaciones sociales de la Internet orientados a intervenir en los asuntos públicos de las sociedades, tanto a nivel local como nacional, regional y global.

[3] La "visión social de Internet" constituye un enfoque alternativo desarrollado en forma colectiva por múltiples investigadores y activistas de Latinoamérica y el Caribe, en el marco de un proceso de reflexión sobre el tema de la brecha digital, la sociedad de la información y el impacto social de Internet. Este alternativo sostiene que para que las TIC e Internet puedan contribuir al desarrollo social y a reducir las demás brechas sociales se requiere avanzar simultáneamente tanto en el acceso equitativo como en el uso con-sentido y la apropiación social de estas tecnologías, y no sólo en el incremento de la conectividad. Ver “Trabajando la Internet con una visión social”, Documento colectivo de la Comunidad Virtual MISTICA para el proyecto OLISTICA, http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/esp_doc_olist2.html.

[4] Este análisis adopta y amplía el desarrollo propuesto en: Martínez Juliana, “Visión social de la Internet y políticas públicas: Ideas para debatir estrategias de incidencia desde la sociedad civil”, Fundación Acceso, Agosto 2000, http://www.idrc.ca/pan/panlacjulaant.PDF.

[5] Esta perspectiva está siendo planteada y debatida en el marco de la “Campaña por los Derechos de Comunicación en la Sociedad de la Información” (CRIS). El sitio web de este movimiento se encuentra en http://www.crisinfo.org.

[6] Muchas experiencias que no han logrado los resultados que esperaban, han cometido precisamente el error de trasplantar actividades humanas al mundo digital sin considerar la compleja relación existente entre el mundo social y el espacio virtual, pretendiendo en gran medida subordinar el primero al segundo.

[7] Un análisis sobre este tema se encuentra en: "El Papel del Ciudadano y de las OSC en el e-Gobierno: Un estudio de gobierno electrónico en ocho países de América Latina y el Caribe". K. Reilly - Raúl Echeverría. APC, 2003.

[8] Una caracterización de algunas de estas experiencias se encuentra en: "Comprender los portales de la sociedad civil: contenidos en línea y modelos comunitarios para el sector de OSC", M. Surman. APC, 2002.